Reforma electoral plantea menos gasto, mayor fiscalización y nuevas reglas para campañas digitales
El Gobierno de México anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral con el objetivo de reducir el costo de las elecciones, fortalecer el control del financiamiento político y modificar reglas del sistema democrático, incluyendo la integración del Congreso de la Unión, el uso de tecnologías en procesos electorales y la prohibición de la reelección consecutiva a partir de 2030.
El anuncio se dio este miércoles 25 de febrero de 2026 durante la conferencia matutina presidencial. De acuerdo con la presentación oficial, la reforma contempla diez ejes principales que buscan “hacer más austero y transparente” el sistema electoral, además de ampliar mecanismos de participación ciudadana.
Uno de los cambios estructurales planteados es la integración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. De estos últimos, la iniciativa propone que 97 escaños se asignen a los “mejores perdedores” de cada partido, 95 por votación directa por circunscripción con paridad de género —un hombre y una mujer— y ocho para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. En el caso del Senado, se mantendría la integración de 96 senadurías: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
En el apartado presupuestal, la reforma propondrá un recorte del 25 por ciento al costo de las elecciones, que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y tribunales electorales. También se plantea reducir los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que la Presidenta de la República; disminuir el gasto del Congreso federal y de los congresos locales; y eliminar funciones duplicadas entre órganos electorales. Asimismo, se propone reducir el número de regidurías municipales conforme al tamaño de la población, con un máximo de 15 por municipio.
En materia de fiscalización, la iniciativa planteará que el INE tenga acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, que se prohíban las aportaciones en efectivo y que todos los recursos se manejen dentro del sistema financiero. El uso de tecnologías se incorpora como herramienta para fortalecer la supervisión del origen y destino del dinero en campañas.
La propuesta también introducirá medidas para atender los desafíos digitales. Se plantea la regulación del uso de inteligencia artificial en contextos electorales y la prohibición de bots u otros mecanismos artificiales en redes sociales, con el objetivo de evitar la manipulación de la opinión pública. En paralelo, los tiempos oficiales de radio y televisión durante periodos electorales se reducirían de 48 a 35 minutos diarios por emisora.
En cuanto a la organización de los comicios, se propone que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral para agilizar la difusión de resultados. Para las y los mexicanos que viven fuera del país, se plantea facilitar el voto para la diputación migrante, ampliando su participación en la representación legislativa.
La iniciativa también planteará ampliar la democracia participativa a nivel estatal y municipal mediante instrumentos como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación de mandato, permitiendo el uso de tecnologías como el voto electrónico en estos ejercicios.
Finalmente, se reitera de manera enfática el no al nepotismo, al establecer que los cargos de elección popular no pueden heredarse a familiares directos, y la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Hasta el momento, la presentación no detalla el calendario legislativo para la discusión de la iniciativa ni los mecanismos específicos de implementación y sanción de las nuevas reglas tecnológicas y de fiscalización. Tampoco se precisan los impactos presupuestales desagregados por institución, lo que deja pendientes elementos para evaluar su viabilidad operativa.
De avanzar en el Congreso de la Unión, la reforma podría modificar de manera significativa el financiamiento de campañas, la integración de los órganos legislativos y el uso de tecnologías en los procesos democráticos, con efectos directos en partidos políticos, autoridades electorales y ciudadanía.
