Futuro Compuesto: San Luis: entre drenajes, discursos y millones que no cuadran

En San Luis Potosí, hasta el drenaje parece tener vocación de protagonista. Interapas anunció la rehabilitación de 43 metros de alcantarillado en avenida Industrias, entre Francisco Martínez de la Vega y Ágata, para resolver un problema sanitario en una zona de tránsito hacia la Zona Industrial. Cuarenta y tres metros que, por supuesto, merecieron su respectivo boletín. Nadie discute la necesidad de reparar la infraestructura, faltaba más. Lo curioso es que una intervención de semejante dimensión termine convertida en noticia institucional, como si atender una falla del drenaje fuera una hazaña extraordinaria y no parte de las obligaciones elementales de cualquier organismo operador. A este paso, habrá que organizar una ceremonia cada vez que una alcantarilla vuelva a cumplir su función.

En Las Vías, el Ayuntamiento también encontró motivos para celebrar lo cotidiano. La Dirección de Servicios Municipales realizó una limpieza general en la zona del tradicional tianguis sobre avenida Hernán Cortés y aprovechó para recordar que mantener limpia la ciudad es responsabilidad compartida. Christian Azuara Azuara aseguró que las labores se realizan de lunes a domingo, afirmación que suena estupenda hasta que uno recuerda que la recolección de basura y el mantenimiento de los espacios públicos no son exactamente actividades extraordinarias. Tiene razón el funcionario cuando pide colaboración a comerciantes y visitantes; lo que resulta menos convincente es convertir cada jornada de limpieza en una especie de parte de guerra contra los residuos. Porque si recoger basura ya merece reconocimiento público, pronto barrer una banqueta será motivo de conferencia de prensa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, en cambio, tuvo que informar algo bastante menos festivo: la baja de un elemento de Policía Vial señalado por presunto acoso sexual contra una cadete del Instituto de Formación Policial. Según la dependencia, actuó inmediatamente, brindó asistencia a la denunciante y puso al involucrado a disposición de la Fiscalía General del Estado. La reacción administrativa es importante, pero el episodio abre una interrogante incómoda sobre las condiciones de seguridad dentro de la propia institución encargada de proteger a los ciudadanos. La política de cero tolerancia suena contundente en un comunicado; su verdadero alcance se mide en la prevención, la protección de quienes denuncian y el seguimiento institucional. La responsabilidad penal, por supuesto, corresponde determinarla a la autoridad competente. Lo demás no se resuelve con una frase bien redactada.

Mientras tanto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó una agenda tan abundante que parece diseñada para no dejar un solo espacio libre en el calendario municipal. Festival Ciudad del Aprendizaje, cursos para motociclistas, Capital al 100, seguros escolares, techados, Feria del Elote y hasta una invitación para admirar la fuente rehabilitada del Carmen. Hay actividades útiles, desde luego, pero el catálogo mezcla programas educativos, mantenimiento urbano, recreación y celebraciones populares bajo una misma envoltura de entusiasmo gubernamental. La Feria del Elote comparte escaparate con las obras escolares y la capacitación vial, como si todo tuviera idéntico peso en la evaluación de una administración. Nomás faltó incluir el pronóstico del tiempo. Gobernar exige atender muchos frentes; comunicarlo como una interminable cartelera de acontecimientos puede terminar confundiendo actividad con resultados.

Y cuando parecía que la semana transcurriría entre alcantarillas, escobas, festivales y recomendaciones para ahorrar agua, reapareció el espectáculo de las diferencias entre el alcalde Enrique Galindo y el Gobierno del Estado. Esta vez, la disputa gira alrededor de la obra Jacobo Payán–Salvador Nava. Galindo salió a defender el procedimiento de contratación y aseguró que el costo contratado asciende a 244 millones de pesos, IVA incluido, y no a los 280 millones que se han mencionado. La diferencia es de 36 millones de pesos, una cantidad que difícilmente puede despacharse como un simple malentendido. El alcalde sostiene que tiene documentos, que el procedimiento fue legal y que sus obras son transparentes. Muy bien. Pero una declaración de transparencia no sustituye la revisión de contratos, conceptos y alcances de obra. Tampoco la discrepancia entre cifras demuestra, por sí sola, una irregularidad. Lo que sí deja ver es que la relación política entre los dos niveles de gobierno continúa encontrando nuevos motivos para el desencuentro. Galindo asegura mantener su disposición al diálogo mientras vuelve a defenderse públicamente de los señalamientos. Una cordialidad institucional bastante peculiar: cada quien ofrece la mano, pero sin soltar el expediente con el que pretende llevarle la contraria al otro. Treinta y seis millones de pesos de diferencia y, por ahora, demasiada política alrededor de la calculadora.