Ayuntamiento niega vínculo con obras clausuradas en la Sierra de
Ayuntamiento niega vínculo con obras clausuradas en la Sierra de San Miguelito
Tras denuncias por maquinaria identificada con el programa Vialidades Potosinas, el gobierno de Enrique Galindo aseguró que los equipos pertenecen a particulares. La Profepa ya había clausurado trabajos en el área natural protegida, pero sigue sin aclararse quién operaba las unidades.
La presencia de maquinaria con distintivos del programa Vialidades Potosinas en la Sierra de San Miguelito colocó al Ayuntamiento de la capital bajo cuestionamientos por posibles intervenciones en una zona ambientalmente protegida. Aunque el gobierno de Enrique Galindo Ceballos negó cualquier participación en los trabajos, la explicación oficial dejó sin identificar a las empresas propietarias de los equipos y su posible relación contractual con la administración municipal.
La controversia surgió después de que habitantes y representantes de la zona denunciaran movimientos de maquinaria, apertura de caminos y posibles afectaciones ambientales en las inmediaciones de la Iglesia del Desierto, en el municipio de Mexquitic de Carmona.
Los señalamientos motivaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que clausuró trabajos de construcción y ampliación de un camino en el área, según reportó El Universal San Luis Potosí el 11 de noviembre.
La intervención adquiere relevancia porque la Sierra de San Miguelito cuenta con protección ambiental federal desde diciembre de 2021, cuando fue decretada Área de Protección de Flora y Fauna, con una superficie superior a 111 mil hectáreas.
A las denuncias ambientales se sumó un señalamiento sobre la presencia de maquinaria con logotipos de Vialidades Potosinas, programa de infraestructura del Ayuntamiento capitalino. La identificación visual de los equipos generó cuestionamientos sobre una posible relación entre las intervenciones y empresas contratadas por el gobierno municipal.
Ante ello, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, aseguró que las unidades no pertenecen al Ayuntamiento y que ninguna dependencia municipal realiza trabajos en la zona.
El funcionario explicó que podría tratarse de maquinaria de empresas privadas que participaron anteriormente en proyectos de Vialidades Potosinas y conservaron los distintivos utilizados durante la ejecución de esos contratos.
Sin embargo, el deslinde plantea nuevas interrogantes. Si los equipos pertenecen a contratistas que han trabajado para el municipio, resulta necesario identificar a sus propietarios, establecer si mantienen contratos vigentes y determinar bajo qué circunstancias continúan utilizando imagen institucional en actividades ajenas al Ayuntamiento.
La administración municipal informó también que personal de Gestión Territorial y Catastro realizó una inspección y confirmó que no existe permiso de construcción expedido por el municipio para las actividades señaladas.
No obstante, el comunicado no precisa qué trabajos fueron observados, quién los ejecutaba ni si los resultados de esa inspección fueron compartidos con la autoridad ambiental federal. Tampoco aclara el alcance territorial de la revisión municipal, considerando que los trabajos clausurados fueron ubicados en Mexquitic de Carmona.
La ausencia de autorización municipal, por sí sola, no acredita una infracción sin determinar previamente la ubicación exacta y naturaleza de las actividades, así como las competencias de las autoridades involucradas.
Del mismo modo, los distintivos de Vialidades Potosinas no demuestran que el Ayuntamiento haya ordenado o financiado las intervenciones. Pero tampoco permiten cerrar el caso con una simple negativa sobre la propiedad de la maquinaria.
En una zona donde la autoridad ambiental federal ya intervino para detener trabajos, la identificación de las empresas responsables y la revisión de sus posibles vínculos contractuales constituyen elementos necesarios para esclarecer los hechos.
El Ayuntamiento anunció que mantendrá visitas de vigilancia. Sin embargo, el principal cuestionamiento sigue sin respuesta: quién utilizaba maquinaria identificada con un programa municipal en una zona donde se denunciaron intervenciones ambientales y qué relación, si alguna, mantiene con el gobierno de Enrique Galindo.
El deslinde oficial establece una postura de la administración, pero no sustituye la investigación documental y administrativa necesaria para determinar responsabilidades.
