Futuro Compuesto: ENTRE CERTIFICADOS, UNIFORMES Y CLAUSURAS
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina hay un elemento detenido y una institución que parece empeñada en explicar, antes que cualquier otra cosa, que el asunto no le salpica demasiado. Que el policía no tenía cargo de mando, que dejó de presentarse desde el 31 de octubre, que al momento de su aprehensión estaba fuera de servicio y que Asuntos Internos ya tenía documentadas sus ausencias. Vaya tranquilidad. Nomás faltó precisar que tampoco llevaba puesta la camiseta institucional. La corporación promete colaborar con las investigaciones y actuar conforme a derecho, como si existiera alguna alternativa legalmente aceptable. Desde luego, una detención no equivale a una condena, pero tampoco desaparece el vínculo institucional por el simple hecho de que el agente haya faltado al trabajo. Lo interesante será conocer qué controles internos existían, qué se sabía de su conducta y cómo respondió la institución. Porque la responsabilidad penal será individual, pero la confianza ciudadana se construye —o se pierde— colectivamente.
Mientras una dependencia municipal intenta poner distancia respecto de uno de sus elementos, el alcalde Enrique Galindo presume que su administración recibió reconocimientos internacionales por calidad y confiabilidad. El Ayuntamiento obtuvo una distinción Nivel Plata vinculada con la norma ISO 18091:2019 y una certificación de su Sistema Integrado de Gestión. Hay números, auditorías, 24 subindicadores y 27 trámites de Catastro cuyos procesos, según el comunicado oficial, fueron optimizados. Todo muy técnico, muy elegante y muy internacional. El problema de estas ceremonias es que el ciudadano difícilmente distingue entre un gobierno que funciona mejor y uno que aprendió a documentar mejor su funcionamiento. No son necesariamente lo mismo. Las certificaciones pueden representar avances administrativos, pero tampoco constituyen una absolución general del desempeño gubernamental. ¿Cuántos minutos menos tarda un trámite? ¿Cuántas vueltas se ahorra el contribuyente? ¿Qué cambió realmente frente a la ventanilla? Porque en la administración pública los diplomas lucen espléndidos en las fotografías, pero la verdadera prueba comienza cuando el ciudadano llega con sus papeles bajo el brazo.
En Jalisco, Pablo Lemus decidió llevar a representantes de más de 30 colonias a conocer la planta potabilizadora de Miravalle. La estrategia tiene su encanto: cuando los vecinos reclaman por el agua, nada como mostrarles las tuberías. El gobernador presentó avances de una nueva planta que registra 30 por ciento de construcción, anunció la puesta en marcha de un segundo sistema de bombeo en Las Pintas y habló de inversiones conjuntas con la Federación cercanas a los 25 mil millones de pesos. Los dos equipos activados aportan, según las cifras oficiales, mil 360 litros por segundo adicionales. Suena formidable, aunque el propio mandatario reconoció que se habían perdido alrededor de 2 mil 500 litros por segundo con el cierre del sistema anterior. La aritmética es menos entusiasta que el comunicado: todavía faltaría recuperar aproximadamente mil 140 litros por segundo para igualar aquella capacidad perdida. Y eso sin entrar a discutir las necesidades acumuladas de una metrópoli que lleva décadas padeciendo problemas de suministro. Lemus asegura que el agua tiene buen color y no presenta olor, características ciertamente deseables, aunque bastante modestas como argumento de calidad sanitaria. Por lo pronto, la nueva potabilizadora promete estar concluida en abril de 2027. El calendario político puede presumir avances; las llaves de las casas, en cambio, son menos impresionables.
Y para cerrar el recorrido por las virtudes de la administración municipal, el Ayuntamiento de San Luis Potosí asegura que busca una solución de fondo al conflicto entre vecinos de la avenida Tatanacho y el gimnasio Beat Cycle Train. El asunto comenzó con quejas por ruido y problemas de tránsito desde mayo, continuó con plazos de regularización, una licencia provisional de 90 días, consultas vecinales desfavorables y terminó con la negativa de licencia el 28 de octubre y la clausura del establecimiento el 10 de noviembre. Ahora, después de cerrar el negocio, la autoridad anuncia que mantiene abiertas las puertas del diálogo. Curiosa secuencia: primero se agotan los plazos administrativos, luego se coloca el sello y finalmente se reivindica la conciliación. El director de Comercio, José Ángel de la Vega Pineda, sostiene que hacer cumplir la ley y dialogar son perfectamente compatibles. Tiene razón, aunque sería interesante saber qué alternativa jurídicamente viable queda sobre la mesa después de que el propio Ayuntamiento determinó que no se cumplieron los requisitos. Los vecinos tienen derecho al descanso y los empresarios a reglas claras, pero ninguna de las dos cosas debería depender de una negociación interminable. Al final, la autoridad municipal parece haber descubierto que administrar una ciudad requiere bastante más que repartir certificados de calidad: también hay que resolver los conflictos cotidianos, esos que, para desgracia de cualquier discurso oficial, no se arreglan con una fotografía y un comunicado.




