Alumbrado Público presume rapidez, pero San Luis sigue usando el espacio público como escaparate oficial

El Ayuntamiento de San Luis Capital volvió a presentar una intervención de Alumbrado Público como ejemplo de “respuesta rápida” a reportes ciudadanos, aunque el comunicado oficial ofrece más retórica institucional que datos suficientes para medir su eficacia real.

La información difundida señala que en la comunidad de La Maroma, en Escalerillas, se repararon luminarias dañadas y se sustituyeron dos lámparas LED de 110 watts, además de realizar pruebas para restablecer el servicio. También se reportaron trabajos en la avenida Venustiano Carranza, en el tramo de Benigno Arriaga a Mariano Otero, donde, según la versión oficial, las lluvias recientes provocaron fallas en interruptores de circuito y obligaron a labores de reconexión y mantenimiento.

Hasta ahí, el boletín cumple con informar que hubo atención. El problema empieza cuando intenta vender esa acción como prueba de capacidad extraordinaria sin precisar cuándo se recibió el reporte, cuánto tardó la respuesta, cuántos vecinos resultaron afectados ni cuántas fallas continúan pendientes. Se insiste en la “prontitud”, pero no se aportan elementos verificables para sostenerla.

El contraste se vuelve todavía más evidente cuando se observa lo que ocurre en otros municipios del país. El 16 de abril de 2026, el Municipio de San Pedro Garza García informó el retiro total de 66 mupis de la vía pública, bajo el argumento de liberar banquetas, recuperar espacio peatonal y reducir la contaminación visual. Allá, la autoridad presentó esa decisión como parte de una política de ordenamiento urbano y de recuperación del espacio público en favor de las personas.

En San Luis Potosí, en cambio, la lógica parece ir en sentido opuesto. Mientras en San Pedro se desmontan esas estructuras por considerarlas invasivas y contrarias a una imagen urbana limpia, aquí los mupis no solo permanecen, sino que con frecuencia aparecen incorporados a la comunicación gubernamental como soporte de publicidad oficial. Es decir: en lugar de discutir si ese mobiliario debe limitarse por su impacto visual y urbano, se le normaliza e incluso se le aprovecha como vitrina de promoción institucional.

La diferencia no es menor. En un municipio se plantea que las banquetas son para el peatón y que el paisaje urbano debe liberarse de estructuras publicitarias; en el otro, el gobierno se fotografía en medio de ese mismo modelo de ocupación visual y lo integra a su narrativa oficial. Una administración apuesta por retirar soportes de propaganda del entorno urbano; la otra todavía los convierte en parte del decorado institucional.

Por eso el boletín de Alumbrado Público no solo queda corto por la ausencia de cifras y tiempos de respuesta. También exhibe una contradicción más amplia: se habla de mejorar la seguridad y el entorno comunitario, pero se mantiene una lógica de comunicación que sigue utilizando el espacio público como plataforma de imagen gubernamental.

Reparar luminarias, desde luego, es necesario. Pero una política urbana seria tendría que ir más allá de presumir mantenimientos puntuales y revisar también cómo se ocupa visualmente la ciudad, qué se privilegia en banquetas y avenidas, y si el mobiliario urbano sirve realmente a la ciudadanía o termina subordinado a la promoción del poder público.

Porque cuando otra ciudad ya está retirando mupis para despejar el espacio público, en San Luis la autoridad todavía parece cómoda usándolos como fondo y como vehículo de propaganda.