San Luis Potosí refuerza atención incluyente para personas usuarias de
| OPINIÓN | Galindo presume “berrinche” por El Saucito, pero la prisa por licitar también exige transparencia
El alcalde de San Luis Potosí acusa burocracia estatal por 18 obras detenidas; el Gobierno del Estado responde que debe cumplir requisitos.
En medio del jaloneo, el discurso municipal choca con un antecedente incómodo: exigir respuestas rápidas para gastar en obra pública mientras la ciudadanía suele enfrentar trámites largos para conocer cómo se ejerce el dinero.
El conflicto por el paso a desnivel de El Saucito dejó de ser solo una disputa por una obra vial y se convirtió en una fotografía nítida de la dicotomía municipal: de un lado, un alcalde que se dice “berrinchudo” por sacar adelante obras; del otro ese mismo alcalde o los funcionarios que dependen de él hacen lo imposible por evitar transparentar el gasto público , mientras que el gobernador le responde que cumpla con la norma antes de exigir liberaciones públicas.
La frase que detonó el intercambio no es lo central, sino su connotación. El alcalde Enrique Galindo acusó que le referían ser como “niño berrinchudo” por pedir en entrevistas la autorización de licitaciones, y sostuvo que el Ayuntamiento debe cumplir los requisitos. Según el Estado, al menos tres licitaciones permanecían detenidas por información faltante en expedientes técnicos.
Galindo respondió que sí será “berrinchudo” por las obras de la ciudad. Aseguró que desde el 21 de marzo fueron ingresados a la plataforma estatal los trámites de El Saucito y otros 19 procedimientos de licitación, y acusó que la Contraloría estatal dejó pasar semanas sin pronunciarse. Según su versión, 18 de las 20 obras contempladas por el municipio para este año siguen detenidas por exceso de burocracia.
El reclamo tiene un punto atendible: si existen plazos administrativos para responder observaciones, la autoridad estatal está en obligación de cumplirlos y explicar con claridad qué falta y qué se revisa. Pero también hay una lectura menos cómoda para el Ayuntamiento: Galindo no solo exige rapidez institucional; también está urgido por destrabar licitaciones y ejercer presupuesto en obra pública en un momento políticamente sensible, con el calendario electoral ya asomando sobre la agenda pública.
Ahí aparece la contradicción. El alcalde quiere ser recordado como el “berrinchudo” que pelea obras para la ciudad, pero esa épica pierde fuerza cuando se contrasta con los tiempos que el propio Ayuntamiento ha usado o defendido en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para licitar, cinco días parecen una eternidad; para explicar cómo se gasta el dinero público, la ciudadanía suele encontrarse con plataformas, solicitudes, respuestas parciales, validaciones y procesos que no siempre avanzan con la misma urgencia incluso tardando años en instancias judiciales.
El propio Galindo ha negado opacidad en su administración y ha sostenido que el Ayuntamiento entrega información conforme a la norma. En junio de 2025, ante datos de la CEGAIP que ubicaban al municipio capitalino como uno de los sujetos obligados con más solicitudes de información, el alcalde afirmó que no había contratos protegidos por la Ley de Transparencia y que lo solicitado se contestaba “prácticamente sin titubear”; aunque en la práctica sus funcionarios han sido capaces de preferir promover revisiones antes magistrados federales antes de entregar la información pública.
Sin embargo, los cuestionamientos públicos sobre el gasto municipal no han sido menores. Reportes periodísticos han documentado que montos de eventos como el Festival San Luis en Primavera pudieron conocerse a partir de egresos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, después de señalamientos sobre evasivas para conocer el costo total. Entre esos gastos se reportaron pagos millonarios a artistas y servicios integrales del festival.
Ese contraste no cancela la responsabilidad del municipio en el caso de que los expedientes estuvieran incompletos; el Ayuntamiento tampoco puede convertir la norma en obstáculo político solo porque necesita acelerar obra.
El problema de fondo no es si Galindo hace o no berrinche. El problema es qué tipo de berrinche está haciendo: uno por cumplir la ciudad o uno por destrabar gasto público sin que la ciudadanía tenga, al mismo tiempo, acceso claro, oportuno y completo a la información sobre cada obra, cada contrato y cada peso comprometido.
El Saucito necesita certezas, no pleitos de personalidad. La ciudad debe saber si el proyecto cumple requisitos, si el INAH ya dictaminó, qué observaciones siguen pendientes, cuánto costará la obra, cuándo iniciaría y qué impacto tendrá en la zona. Y también debe saber si la urgencia por licitar responde a una necesidad pública o a una carrera política por entregar obras antes de que el calendario electoral vuelva a convertir el cemento en propaganda.
Galindo puede insistir en que seguirá siendo “berrinchudo por las obras de la ciudad”. Pero si esa va a ser su bandera, el estándar debe ser parejo: la misma prisa que exige para liberar licitaciones debe aplicarse para transparentar el gasto. Porque la obra pública no se defiende solo con presión mediática; se defiende con expedientes completos, reglas cumplidas y cuentas abiertas.
