Galindo vuelve a culpar a Contraloría, pero la observación confirma que el proceso municipal no estaba listo para avanzar
El Ayuntamiento acusa retrasos estatales en la licitación de una obra en la colonia Satélite; sin embargo, la respuesta de la Contraloría obligó a reponer fechas del procedimiento, lo que exhibe que, entre el pleito político y la prisa por ejecutar obra, el municipio no logró sostener un calendario válido.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que la Contraloría General del Estado emitió una observación al procedimiento de licitación para pavimentar la calle Estados Unidos de América, en la colonia Satélite Francisco I. Madero. Aunque el gobierno municipal intentó presentar el señalamiento como consecuencia de una respuesta tardía de la autoridad estatal, el hecho concreto es que el proceso deberá ajustar sus fechas para poder continuar.
De acuerdo con el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, la solicitud de autorización de las bases fue ingresada el 29 de abril y la respuesta oficial de la Contraloría se emitió el 27 de mayo, quedando disponible en la plataforma el 29 de mayo. El funcionario señaló que el plazo previsto para observaciones o autorización es de cinco días hábiles, por lo que el calendario originalmente planteado quedó desfasado.
El municipio sostiene que la única observación fue la actualización del calendario y que no hubo señalamientos técnicos, jurídicos, administrativos o presupuestales sobre el expediente. Sin embargo, esa explicación no elimina el problema: si la licitación requiere reponer fechas, el procedimiento no puede avanzar como fue presentado originalmente.
La lectura política tampoco puede separarse del contexto. Durante los últimos días, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha elevado el tono contra la Contraloría estatal por la revisión de obras municipales, especialmente por el proyecto de El Saucito. En esa disputa, el edil ha defendido su “berrinche” como una presión legítima para sacar adelante obras de la ciudad.
Pero el caso de la colonia Satélite muestra que la narrativa del “berrinchudo por el pueblo” tiene límites. La Contraloría sí respondió y, al hacerlo, señaló una deficiencia procesal que el Ayuntamiento deberá corregir. Aunque se trate de fechas y no de fondo técnico, la observación confirma que la licitación no estaba en condiciones de continuar sin ajustes.
El encono entre el alcalde y la autoridad estatal empieza a desplazar la discusión importante: no basta con exigir velocidad para gastar recursos públicos, también se debe garantizar que cada procedimiento cumpla la norma. Si el Ayuntamiento quiere acelerar obra, debe presentar expedientes sólidos, calendarios vigentes y procesos impecables, no convertir cada observación en un episodio más de confrontación política.
La obra contempla pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Estados Unidos de América, entre La Pedrera y avenida Constitución, con el argumento de mejorar movilidad, seguridad vial e infraestructura urbana para habitantes de la zona. La necesidad de la obra puede ser legítima, pero eso no exime al municipio de cumplir cada paso administrativo.
El gobierno capitalino afirma que atenderá de inmediato la observación para continuar con el procedimiento. Esa respuesta es obligada, pero también deja una advertencia: si el Ayuntamiento pretende ejercer más recursos en obra pública, incluida la bolsa extraordinaria de hasta 200 millones de pesos recientemente autorizada por Cabildo, debe asumir que la prisa no sustituye la legalidad.
El conflicto con la Contraloría puede servirle al alcalde para construir un discurso de lucha contra la burocracia. Pero cuando una autoridad revisora detecta que el calendario del procedimiento debe corregirse, el municipio no puede reducirlo todo a bloqueo o tardanza. La obra pública no solo necesita voluntad política; necesita expedientes correctos, tiempos bien calculados y transparencia suficiente para que la ciudadanía sepa que el dinero se ejercerá con orden, no al ritmo de los berrinches del poder
