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Propuesta por copia privada abre debate sobre costo de celulares y computadoras
Una propuesta para establecer en México una remuneración compensatoria por copia privada reabrió el debate sobre el posible impacto que tendría en teléfonos celulares, computadoras, tabletas, discos duros y otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor.
El planteamiento busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para que fabricantes o importadores de aparatos y soportes tecnológicos cubran una compensación destinada a autores y titulares de derechos por las copias de obras que pueden realizarse para uso privado.
Aunque algunas publicaciones han presentado la medida como un nuevo “impuesto” de hasta 2 por ciento sobre dispositivos tecnológicos, la iniciativa la define jurídicamente como una remuneración compensatoria, no como un impuesto. Además, el proyecto establece que el pago correspondería a fabricantes o importadores y que no podría trasladarse a los precios pagados por consumidores.
La discusión se concentra en el posible efecto económico de la medida. Aun cuando legalmente se pretende impedir que el cobro llegue al consumidor, existe preocupación sobre la manera en que un nuevo costo para fabricantes e importadores podría repercutir en el mercado.
Una simulación difundida sobre el tema calcula qué ocurriría si se aplicara un cobro máximo equivalente al 2 por ciento y este se trasladara íntegramente al comprador. Bajo ese supuesto, un teléfono con precio de 19 mil 999 pesos aumentaría alrededor de 400 pesos.
En el mismo ejercicio, una computadora portátil de 11 mil 499 pesos tendría un incremento aproximado de 230 pesos; una tableta de 3 mil 499 pesos pasaría a cerca de 3 mil 569 pesos, y un disco duro portátil de 2 mil 82 pesos aumentaría a unos 2 mil 124 pesos.
Estas cantidades son ejercicios hipotéticos y no precios vigentes. Tampoco debe presentarse como aprobado un cobro general de 2 por ciento, pues el debate legislativo aún no implica la entrada en vigor de una tarifa de ese tipo para consumidores.
El argumento de quienes impulsan la propuesta es que la legislación mexicana permite, bajo determinadas condiciones, realizar una copia de una obra para uso personal y privado sin fines de lucro, por lo que se busca precisar quién debe cubrir la remuneración compensatoria reconocida en la ley.
La iniciativa plantea que sean fabricantes e importadores quienes paguen por dispositivos que permitan realizar copias o reproducciones sonoras, visuales o audiovisuales. Los recursos serían canalizados mediante sociedades de gestión colectiva de derechos de autor.
Sus promotores sostienen que se trata de un mecanismo utilizado en otros países para compensar a creadores por la copia privada de sus obras. Sin embargo, el debate en México gira en torno a cómo garantizar esa remuneración sin encarecer el acceso a dispositivos tecnológicos.
Por ahora, la propuesta no se encuentra vigente como un cobro general a consumidores, por lo que cualquier estimación de aumentos en celulares, computadoras o tabletas debe entenderse como una simulación y no como un incremento confirmado






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