Jalisco acusa a “grupo de choque” tras protesta por agua; Fiscalía libera a 18 de 39 detenidos

 

El gobierno estatal afirmó que una marcha ciudadana pacífica fue irrumpida por un bloque violento y reportó 28 policías heridos; sin embargo, la liberación de 18 personas detenidas mantiene abierta la discusión sobre el alcance de las acusaciones y la actuación de las autoridades durante la protesta.

El Gobierno de Jalisco informó la detención de 39 personas tras los hechos violentos registrados durante una manifestación en Guadalajara convocada para exigir mejor calidad del agua en la metrópoli tapatía. De acuerdo con la versión oficial, una primera movilización reunió de manera pacífica a alrededor de 10 mil ciudadanos, pero posteriormente un bloque de aproximadamente 400 personas, en su mayoría encapuchadas o con el rostro parcialmente cubierto, irrumpió en la protesta y generó violencia.

La administración estatal calificó a ese grupo como “generador de violencia” y sostuvo que su presencia puso en riesgo la integridad de familias, jóvenes, personas adultas mayores e infantes que participaban en la movilización. Según el comunicado, la mayoría de las y los manifestantes se retiró para protegerse ante los hechos.

El gobierno también reportó 28 policías heridos, dos de ellos en estado de gravedad. Uno de los elementos sufrió fractura de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo tras ser agredido con un tubo con filo, de acuerdo con la información oficial.

Las 39 personas detenidas —21 hombres y 18 mujeres— fueron trasladadas a la Fiscalía del Estado para que se definiera su situación legal. La autoridad estatal señaló además que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acudieron para acompañar la manifestación y dar seguimiento a las detenciones y traslados.

El gobierno de Jalisco buscó separar la protesta ciudadana por el agua de los actos violentos que atribuyó al grupo de choque. Esa distinción es relevante porque la demanda original —mejor calidad y abasto de agua— quedó desplazada por el debate sobre violencia, detenciones y actuación policial.

Sin embargo, la información posterior de la Fiscalía introduce un matiz importante. La mañana del lunes 12 de octubre fueron puestas en libertad seis personas más, con lo que suman 18 manifestantes liberados de las 39 personas inicialmente detenidas. La Fiscalía identificó a las personas liberadas como Fernanda Maytte “N”, Azucena “N”, Wendy Danae “N”, Joceline del Cielo “N”, Luis Ricardo “N” y Eduardo Daniel “N”.

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público dictó su libertad con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin necesidad de prisión preventiva. La dependencia recordó que cuenta con 48 horas para definir la situación legal de las personas puestas a disposición.

La liberación de casi la mitad de los detenidos no cancela las investigaciones, pero sí obliga a revisar con cuidado la narrativa inicial. Si el gobierno estatal presentó a las 39 personas como generadoras de violencia, la salida de 18 de ellas bajo el esquema informado por la Fiscalía plantea la necesidad de diferenciar responsabilidades individuales, evidencias disponibles y posibles detenciones realizadas en un contexto de confusión.

El caso deja dos planos abiertos. Por un lado, los hechos violentos y las lesiones graves a policías requieren investigación y sanción si se acreditan responsabilidades. Por otro, el derecho a la protesta y la demanda ciudadana por agua no pueden quedar absorbidos por una versión oficial que concentre todo el foco en el desorden, sin responder al problema público que llevó a miles de personas a manifestarse.

La autoridad estatal afirma que respalda la libre expresión y el diálogo con la ciudadanía.

Esa postura tendrá que demostrarse no solo en el seguimiento penal de quienes hayan participado en agresiones, sino también en la transparencia sobre las detenciones, el trato a las personas puestas a disposición y la atención de fondo a la exigencia ciudadana por agua de calidad en Guadalajara.