Síndico defiende contrato de 244 millones de pesos, pero no exhibe pruebas de su legalidad
Víctor Salgado respaldó al alcalde Enrique Galindo frente a los cuestionamientos sobre el costo de obras viales y acusó la difusión de cifras imprecisas. Sin embargo, su posicionamiento no identifica los documentos, dictámenes ni procedimientos que permitirían comprobar sus afirmaciones.
El síndico municipal Víctor Salgado Delgadillo salió en defensa de la administración de Enrique Galindo Ceballos ante los cuestionamientos sobre un contrato de obra pública por 244 millones de pesos. Aseguró que los proyectos cuentan con sustento técnico, revisiones institucionales y apego a la legalidad, aunque en el comunicado difundido por el Ayuntamiento no presentó los documentos que permitan verificar esas afirmaciones.
La controversia gira en torno al costo de obras de infraestructura vial que, según el funcionario, incluyen dos soluciones viales, un colector pluvial de 11 metros de diámetro, estructuras de acero y alumbrado especializado.
Salgado precisó que el contrato asciende a 244 millones de pesos con IVA incluido y sostuvo que el costo directo de obra es de 211 millones. Sin embargo, ambas cantidades requieren una explicación técnica más precisa: descontar el IVA de un contrato de 244 millones arroja aproximadamente 210.34 millones de pesos, mientras que aplicar el impuesto a 211 millones produce 244.76 millones.
La diferencia podría obedecer al redondeo de las cifras, pero existe otra distinción relevante: el costo directo de una obra no necesariamente equivale al importe contractual antes de impuestos, pues pueden intervenir costos indirectos, financiamiento, utilidad y otros conceptos. El comunicado no ofrece el desglose necesario para establecer cómo se integró el presupuesto.
Tampoco identifica las obras por su denominación oficial, los procedimientos utilizados para contratarlas, las empresas adjudicatarias ni los dictámenes técnicos y resoluciones que, según el síndico, respaldan su legalidad.
La omisión adquiere importancia porque el funcionario no se limitó a explicar cifras: afirmó que los expedientes cumplen cabalmente con las revisiones institucionales y sostuvo que la información presentada al titular del Ejecutivo es incorrecta.
“Es evidente que al Titular del Ejecutivo no le están entregando la información correcta ni el análisis técnico adecuado sobre el alcance de estos proyectos. Esta desinformación termina por confundir a las y los capitalinos; por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a la ciudadanía a no dejarse engañar con cifras distorsionadas. Como Sindicatura constatamos que las obras municipales cuentan con expedientes transparentes, costos reales y apego total a la ley”, aseveró Víctor Salgado.
El señalamiento introduce un nuevo cuestionamiento: si las cifras difundidas por otras autoridades son incorrectas, corresponde al Ayuntamiento identificar las diferencias concretas y exhibir la documentación que sustenta su versión. Calificar la información contraria como desinformación no demuestra, por sí mismo, que sea falsa.
La Sindicatura tiene responsabilidades relacionadas con la representación jurídica y la vigilancia de los intereses municipales. Por ello, su respaldo institucional adquiere mayor relevancia cuando se acompaña de elementos verificables y no únicamente de declaraciones de confianza en los procedimientos administrativos.
El comunicado asegura que existe acceso abierto a la documentación oficial, pero no proporciona enlaces, números de contrato ni referencias específicas que permitan localizar los expedientes mencionados.
La legalidad de una contratación pública no se acredita mediante el respaldo político de los integrantes del Ayuntamiento, sino mediante el cumplimiento de los procedimientos aplicables y la documentación que permita comprobarlo.
En una controversia por 244 millones de pesos, la discusión exige algo más que declaraciones sobre transparencia o acusaciones de desinformación.
Si los expedientes son públicos y respaldan plenamente las decisiones municipales, su identificación y consulta permitirían contrastar las cifras sin depender de la palabra del alcalde, del síndico o de sus críticos.
