Galindo presume avances de obra pública mientras crecen los cuestionamientos por contratos municipales
El Ayuntamiento difundió un reporte de pavimentaciones y trabajos hidráulicos en medio de una revisión anunciada por el órgano fiscalizador estatal y señalamientos periodísticos sobre adjudicaciones a empresas relacionadas con un empresario investigado por presuntas irregularidades fiscales.
En medio de una creciente controversia por la contratación de obra pública, el alcalde Enrique Galindo Ceballos difundió este 11 de noviembre un balance de trabajos de pavimentación, drenaje e infraestructura urbana en San Luis Potosí. El reporte destaca avances semanales, pero guarda silencio sobre los cuestionamientos que enfrenta su administración por adjudicaciones millonarias y posibles irregularidades detectadas en procesos anteriores.
El comunicado municipal enumera intervenciones en Simón de la Cruz y Leyva, en Escalerillas; Ignacio Altamirano, Jesús García y Montecasino, además de trabajos hidrosanitarios en distintos puntos de la capital. También menciona avances en la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas y en el Paso Superior Vehicular de Jacobo Payán.
Precisamente esta última obra se encuentra en el centro de una controversia por su costo. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) anunció el 10 de noviembre una revisión técnica y financiera del proyecto, adjudicado por 244.9 millones de pesos, con el propósito de contrastar los importes contratados y pagados con los trabajos efectivamente ejecutados.
Galindo ha defendido públicamente la legalidad de la licitación y sostiene que el monto incluye dos soluciones viales, infraestructura pluvial, estructuras de acero y alumbrado especializado. El fallo de adjudicación por 244.9 millones de pesos ha sido localizado en el sistema oficial, aunque la revisión fiscalizadora deberá determinar la correspondencia entre los costos, los materiales y la ejecución.
A esta controversia se sumaron señalamientos difundidos por Azteca Noticias sobre contratos otorgados entre 2022 y 2023 a Torang Construcciones, por más de 120 millones de pesos. Según la investigación periodística, la empresa tendría vínculos familiares con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, relacionado en distintas publicaciones con presuntas operaciones de huachicol fiscal y otras irregularidades financieras.
Las publicaciones no constituyen una resolución judicial ni demuestran por sí mismas que los contratos municipales sean ilícitos. Sin embargo, los señalamientos exigen esclarecer las relaciones empresariales, los procedimientos de adjudicación y las condiciones en que fueron ejercidos los recursos públicos.
El escrutinio tampoco comenzó esta semana. En febrero de 2026, El Heraldo de México informó sobre observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con posibles vínculos económicos entre contratistas, subcontrataciones indebidas y eventuales conflictos de interés en obras municipales de ejercicios anteriores.
Frente a estos antecedentes, el reporte de actividades del Ayuntamiento ofrece una relación de trabajos en proceso, pero no precisa porcentajes de avance físico, montos ejercidos, fechas de conclusión ni resultados de supervisión. Tampoco aborda las observaciones y cuestionamientos que actualmente rodean la contratación de infraestructura municipal.
La ejecución de obras y su fiscalización no son asuntos excluyentes. Una administración puede continuar pavimentando calles y reparando redes hidráulicas mientras sus contratos son examinados; lo que no puede confundirse es la actividad cotidiana con la acreditación de transparencia.
Galindo presenta avances de infraestructura mientras aumenta la exigencia de explicaciones sobre cómo se adjudican y ejecutan los contratos. La discusión pública ya no se limita a cuántas calles interviene el Ayuntamiento, sino también a quiénes contrata, cuánto les paga y qué mecanismos garantizan que los recursos se ejerzan conforme a la ley.
En ese escenario, informar que las obras continúan es relevante.
Pero la respuesta a los cuestionamientos sobre el gasto público no está en anunciar más trabajos, sino en esclarecer los contratos bajo revisión.
