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| #OPINIÓN | Contraloría libera una obra y el Ayuntamiento vuelve a usar el trámite como pleito político
El municipio afirma que la autoridad estatal no hizo observaciones de fondo a la pavimentación en la colonia Satélite; sin embargo, la autorización llegó después de corregir fechas del proceso, mientras el gobierno de Galindo mantiene presión por otras 13 obras sin transparentar aún todos los expedientes.
La Contraloría General del Estado liberó las bases de licitación para la rehabilitación de la calle Estados Unidos de América, en la colonia Satélite Francisco I. Madero, luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí atendiera la observación emitida durante la revisión administrativa del expediente.
De acuerdo con el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, la única observación fue la actualización de las fechas del procedimiento, por lo que no hubo señalamientos técnicos, jurídicos, administrativos o presupuestales al proyecto. Las bases, informó, serán publicadas el próximo 12 de junio para continuar con el proceso licitatorio.
El Ayuntamiento presenta la liberación como confirmación de que el expediente estaba sustancialmente en regla. Pero el hecho concreto es que el proceso no avanzó como fue planteado originalmente: tuvo que modificarse el calendario para continuar. Aunque la observación parezca menor, sigue siendo una corrección necesaria dentro de un procedimiento donde los tiempos también forman parte de la legalidad.
Chávez Garza sostuvo que el gobierno municipal ha mantenido colaboración y respeto institucional hacia la Contraloría, atendiendo cada requerimiento. Sin embargo, el tono del comunicado vuelve a colocar el trámite en el terreno del conflicto político: la autorización de una obra se usa como argumento para insistir en que la revisión estatal retrasa proyectos que el municipio quiere ejecutar con rapidez.
Ese punto es relevante porque ocurre en medio del encono entre el alcalde Enrique Galindo y la Contraloría estatal por la validación de obras municipales. El Ayuntamiento insiste en que los tiempos de revisión frenan infraestructura vial; pero la autoridad revisora, al menos en este caso, sí señaló una deficiencia procesal que debió ser corregida antes de avanzar.
La obra autorizada contempla pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Estados Unidos de América, entre La Pedrera y avenida Constitución. Se trata de una intervención necesaria para mejorar movilidad e infraestructura en la colonia Satélite, pero su utilidad pública no exime al municipio de cumplir cada etapa administrativa ni de informar con precisión costos, plazos, empresas participantes y criterios de adjudicación.
El funcionario también expresó preocupación por otros proyectos pendientes: 13 obras de rehabilitación de calles y tres proyectos de infraestructura urbana siguen en revisión. El dato refuerza la presión política sobre la Contraloría, pero también obliga al Ayuntamiento a algo más que reclamar velocidad. Si busca destrabar un paquete amplio de obras, debe poner a disposición pública los expedientes, bases, presupuestos, calendarios y observaciones de cada proceso.
Chávez Garza recordó que Vialidades Potosinas ha permitido construir y rehabilitar más de un millón y medio de metros cuadrados de calles y avenidas, y aseguró que no existen observaciones en procedimientos de contratación ni auditorías practicadas a obras ejecutadas. La afirmación fortalece el discurso municipal, pero el comunicado no acompaña esa declaración con documentos, auditorías, contratos o dictámenes que permitan verificarla de manera independiente.
El fondo no es si una obra ya fue liberada o si faltan trece. El fondo es que el Ayuntamiento quiere imprimir velocidad al gasto en infraestructura, mientras sigue pendiente una rendición de cuentas más completa sobre cómo se seleccionan las obras, cuánto cuestan, quién las ejecuta y cómo se revisa su calidad.
La autorización de la calle Estados Unidos de América permite al municipio avanzar, pero no le da carta blanca.
[04/06/2026 04:10 p. m.] User: Si Galindo y su equipo quieren convertir las demoras administrativas en bandera política, también deben aceptar que la mejor defensa de la obra pública no es el reclamo contra la Contraloría, sino la transparencia total de los procesos. Sin eso, cada licitación seguirá atrapada entre la prisa del Ayuntamiento por ejercer recursos y la obligación institucional de revisar que se gasten conforme a la norma.
